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Este texto, escrito por Carlos Marín el 17 de enero de 2025, analiza las irregularidades en el proceso de selección de jueces, magistrados y ministros en México, destacando la falta de transparencia y la insuficiencia de recursos para llevar a cabo las elecciones judiciales en las diferentes entidades federativas.

El proceso de selección de jueces, magistrados y ministros en México presenta graves irregularidades, incluyendo entrevistas a distancia realizadas por personas no autorizadas.

Resumen

• Se renovarán 133 cargos judiciales en Ciudad de México, una cifra menor a los 304 de Chihuahua.
• El Instituto Nacional Electoral (INE) carece de recursos para organizar las elecciones judiciales de manera adecuada, situación que se agrava en los Organismos Públicos Locales Electorales.
• Se estima un costo promedio de 400 millones de pesos por entidad federativa para llevar a cabo las elecciones. Las cifras para algunas entidades son: Ciudad de México (460 millones), Tamaulipas (586 millones), Michoacán (475 millones), Coahuila (208 millones), Veracruz (400 millones) y Aguascalientes (240 millones).
• Arturo Zaldívar, ex ministro, no ha explicado la delegación de responsabilidades en las entrevistas a aspirantes, un proceso no contemplado en la reforma.
• Las magistradas Edna Lorena Hernández Granados y Juan José Olvera López denunciaron que jóvenes ajenos al comité de evaluación realizan entrevistas a distancia (vía Zoom) a los aspirantes, con un cuestionario limitado.
• Se critica la falta de experiencia y preparación de algunos aspirantes, debido a la falta de rigor en el proceso de selección.

Conclusión

• El proceso de selección de jueces, magistrados y ministros en México presenta serias deficiencias en cuanto a transparencia y rigor.
• La falta de recursos y la improvisación en el proceso ponen en riesgo la calidad de la impartición de justicia.
• Las denuncias de las magistradas Edna Lorena Hernández Granados y Juan José Olvera López revelan una falta de garantías en la selección de los nuevos juzgadores.
• La situación actual representa una amenaza para la democracia y el estado de derecho en México.