Este texto de Lourdes Mendoza, escrito el 10 de enero de 2025, expone un caso de fraude y corrupción en la sofipo Auxi, detallando las acciones de sus directivos y la presunta complicidad de autoridades de la CNBV. Se denuncia la pérdida de 180 mdp de ahorros de clientes, principalmente de Monterrey, y la estafa a inversionistas extranjeros.
180 mdp de ahorros de clientes fueron convertidos en capital y no fueron devueltos.
Resumen
La sofipo Auxi, tras ser comprada por Fernando y Gonzalo Pozo en noviembre de 2020, sufrió una drástica disminución de su valor, pasando de 350 mdp a 40 mdp.
Mariza Rodríguez, directora nombrada por los Pozo, autorizó pagos injustificados, llevando a la quiebra de la empresa.
Leticia Martínez (directora de Finanzas) y Francisco Durán (director Comercial) realizaron prácticas fraudulentas a través de contratos de prestación de servicios y contratación de familiares.
Más de 180 mdp de ahorros de clientes, principalmente de la tercera edad en Monterrey, fueron convertidos en capital con la promesa de recompra, deuda que permanece impagada.
Inversionistas extranjeros aportaron más de 150 mdp, los cuales fueron malgastados.
Mariza Rodríguez recibía un salario de 250 mil pesos mensuales, más 5 mdp en bonos y numerosos beneficios.
Enrique Vilatela, exfuncionario de la CNBV, presuntamente facilitó la ocultación de irregularidades.
Un esquema de microcréditos ("Credimujer") resultó en pérdidas significativas, con una recuperación mínima de los créditos otorgados.
Más de 200 empleados fueron despedidos en diciembre de 2023.
Fernando Pozo, nombrado director general en enero de 2024, encubrió las irregularidades y generó nuevas demandas.
Los Pozo, con ayuda de Enrique Vilatela, lograron reuniones con autoridades de la CNBV, incluyendo a Ana Laura Hernández, Esther Ramírez, y Jesús de la Fuente, permitiendo que la empresa siguiera operando a pesar de las irregularidades.
Se cuestiona la responsabilidad de la CNBV y la SHCP, particularmente la de Jesús de la Fuente y Rogelio Ramírez de la O, en la omisión de las irregularidades.
Se sugiere a los ahorradores afectados seguir el camino legal de los afectados por Ficrea y demandar a la CNBV.
Conclusión
El caso de Auxi revela un grave problema de corrupción y falta de supervisión en el sector financiero mexicano.
La presunta complicidad de funcionarios de la CNBV permitió que el fraude se prolongara.
Los ahorradores resultaron gravemente afectados, con pérdidas significativas y poca posibilidad de recuperar su dinero.
Es necesario una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes.
Se requiere una mayor transparencia y regulación en el sector financiero para prevenir futuros casos de fraude.
