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La remoción de Alejandro Gertz Manero se considera un golpe de autoridad de la Presidenta y un alivio para la justicia mexicana.

La discusión central gira en torno a la pregunta del ministro Hugo Aguilar sobre si la "cosa juzgada" debe prevalecer cuando se ha alcanzado mediante fraude o acciones ilícitas.

La FGR se ha convertido en un actor pasivo, incapaz de responder a la dimensión del problema de justicia y seguridad.