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El texto de Manuel Sánchez González del 18 de septiembre de 2024 analiza las consecuencias negativas de la reforma judicial aprobada en México. El autor argumenta que esta reforma, la más adversa para la democracia y la economía del país en décadas, debilita al Poder Judicial y pone en riesgo el Estado de derecho.

Resumen:

• La reforma judicial reconfigura la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), reduciendo el número de ministros, su periodo de encargo y eliminando la pensión vitalicia.

• Se establece la elección popular de ministros, magistrados y jueces federales, así como de los magistrados y jueces de las entidades federativas.

• Se sustituye el Consejo de la Judicatura Federal por un Tribunal de Disciplina Judicial de elección popular, con poder para investigar y sancionar a los jueces.

• Se introducen nuevas reglas procesales, como plazos máximos para la resolución de juicios y la prohibición de otorgar suspensiones contra leyes con efectos generales.

• La reforma debilita al Poder Judicial al reducir los requisitos para ser juez, lo que puede llevar a una caída en la calidad profesional de los juzgadores.

• La elección popular de los jueces puede incentivar la aplicación de criterios políticos en las sentencias, lo que aumenta el riesgo de una impartición arbitraria de la justicia.

• La reforma limita la independencia del Poder Judicial frente al Ejecutivo, lo que puede llevar a una presión para que los jueces no fallen contra el gobierno.

• La reforma concentra el poder en el Ejecutivo, lo que pone en peligro la democracia y el ejercicio de las libertades civiles.

• La vulneración del Estado de derecho afecta la seguridad de los derechos de propiedad y el cumplimiento de los contratos, lo que puede afectar negativamente el crecimiento económico.

• La incertidumbre institucional puede complicar las negociaciones para la renovación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en 2026.

Conclusión:

El autor concluye que la reforma judicial, al debilitar al Poder Judicial y al Estado de derecho, tendrá consecuencias negativas para la democracia, la economía y el bienestar social de México. La menor confiabilidad del Poder Judicial y la incertidumbre institucional pueden conducir a un crecimiento económico inferior y a niveles más bajos de bienestar social.