El texto del 10 de septiembre de 2024 analiza la reforma al Poder Judicial aprobada por la mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados. La reforma ha generado controversia y tensiones en el ámbito judicial y político.
Resumen
La reforma fue aprobada con 357 votos, a pesar de las protestas de trabajadores judiciales, estudiantes de derecho y las suspensiones concedidas en juicios de amparo.
La reforma incluye la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular, la reducción de la Suprema Corte de 11 a 9 integrantes, la desaparición del Consejo de la Judicatura y la creación de un órgano administrativo y un Tribunal de Disciplina Judicial.
Se establece la figura de los "jueces sin rostro" para proteger a los juzgadores en procesos contra el crimen organizado.
Una jueza federal otorgó una suspensión definitiva que frena la reforma judicial, pero la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, afiliada a Morena, ha declarado que el procedimiento continuará.
La reforma ha generado preocupación por la violación al Estado de derecho y ha tenido consecuencias visibles, como el aumento en el precio del dólar y la preocupación del Gobierno de Estados Unidos.
El presidente ha indicado que Estados Unidos no debe intervenir en el proceso, a pesar de que él mismo ha intervenido en asuntos internos de otros países.
La elección de jueces por voto popular y la posibilidad de que agentes externos influyan en la votación generan dudas sobre la imparcialidad de la justicia.
La reforma podría vulnerar los derechos humanos de los jueces y magistrados, así como de la población en general, al afectar el acceso a una justicia eficaz e imparcial.
Conclusión
La reforma al Poder Judicial ha generado una gran controversia y ha puesto en riesgo el Estado de derecho. La suspensión definitiva otorgada por la jueza federal es crucial para evitar que la reforma se implemente sin un análisis adecuado y sin respetar las garantías legales. La falta de diálogo y la decisión de continuar con el proceso a pesar de la suspensión muestran una falta de respeto por el Estado de derecho y una clara intención de imponer la voluntad del Ejecutivo. La reforma podría tener consecuencias negativas para la impartición de justicia y para los derechos humanos de la población.
