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La nota no es si los dados están cargados a favor de Ernestina Godoy para ser la nueva fiscal general de la República, sino por qué se tiran al suelo.

La decisión de la Suprema Corte es calificada como un "magnicidio constitucional" que transforma al Poder Judicial en una "trituradora de derechos".

Las reformas buscan reformar la Ley General de Educación para incluir contenidos preventivos contra la violencia de género y la trata de personas.