En Morena no superan el Cártel Inmobiliario

El texto de Adrian Rueda, fechado el 29 de Julio de 2025, analiza la propuesta de la diputada morenista Brenda Ruiz de crear una comisión para investigar el manejo de fondos para la reconstrucción tras los sismos de 2017 en la Ciudad de México, y las posibles implicaciones políticas que esto podría tener para la 4T.

Un dato importante es que la investigación propuesta podría afectar a figuras clave dentro de Morena, como César Arnulfo Cravioto, actual secretario de Gobierno de Clara Brugada.

📝 Puntos clave

• La diputada Brenda Ruiz propone investigar el uso del Fondo para la Reconstrucción tras los sismos de 2017.
• El fondo fue administrado por una comisión de la Asamblea Legislativa del DF integrada por Jorge Romero (PAN), Leonel Luna y Mauricio Toledo (PRD), e Israel Betanzos (PRI), entre otros.

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• La investigación podría afectar a César Arnulfo Cravioto, quien fue líder de Morena en la ALDF y encargado de la Comisión de Reconstrucción durante el gobierno de Claudia Sheinbaum.
• Se menciona la cercanía de Cravioto con Martí Batres y su relación con grupos que acaparan recursos del Instituto de Vivienda de la CDMX.
• Se critica la iniciativa de los diputados Víctor Hugo Romo y Cecilia Vadillo de presentar una "Patrulla Anticorrupción" en la Miguel Hidalgo, cuestionando el origen de los fondos y su legalidad.

Lo malo y lo bueno 👎👍

¿Cuál es el principal riesgo o aspecto negativo que se desprende del texto?

La investigación propuesta por Brenda Ruiz podría exponer la corrupción dentro de la propia 4T, especialmente si se investiga el papel de César Arnulfo Cravioto en el manejo de los fondos para la reconstrucción. Esto podría dañar la imagen del gobierno actual y fortalecer la percepción de que son aliados del narco.

¿Cuál es el aspecto positivo o la posible consecuencia beneficiosa de la situación planteada?

La investigación, si se lleva a cabo de manera transparente e imparcial, podría revelar irregularidades en el manejo de los fondos para la reconstrucción y llevar a la rendición de cuentas de los responsables, independientemente de su afiliación política. Esto podría fortalecer la confianza en las instituciones y promover una gestión más eficiente de los recursos públicos.