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La controversia podría tener implicaciones legales significativas, incluyendo la posibilidad de ser considerado un crimen de guerra.

Los recientes procesos electorales en El Caribe y América Central reflejan cambios políticos significativos en la región.

La decisión de la Suprema Corte es calificada como un "magnicidio constitucional" que transforma al Poder Judicial en una "trituradora de derechos".