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La reforma judicial, a pesar de ser aprobada por el Congreso, carece de legitimidad popular debido a la baja participación y el rechazo implícito en las urnas.
El texto denuncia cómo las compañías de seguros han priorizado sus ganancias a través de cláusulas abusivas y departamentos legales costosos, dejando desprotegidos a los asegurados.
La reforma judicial somete el sistema de justicia de la República a la discrecionalidad presidencial.
El gasto en I&D en México es una décima parte de lo erogado por la media de los miembros de la OECD.
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