Análisis de Columna de Opinión Par de absurdos de la llamada Reforma Judicial en El Financiero

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Este texto, escrito por Juan Antonio Garcia Villa el 23 de Mayo de 2025, reflexiona sobre la reciente reforma del Poder Judicial en México, aprobada a finales del año 2024. El autor critica algunos aspectos del proceso de aprobación y el contenido de la reforma, señalando puntos que considera grotescos y vergonzosos.

Un aspecto criticado es el requisito de un promedio mínimo de 8 en la licenciatura en derecho para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia, considerándolo una "tomadura de pelo".

📝 Puntos clave

La reforma judicial modificó el artículo 95, fracción III, de la Constitución Federal, estableciendo un promedio mínimo de 8 para aspirantes a ministros de la Suprema Corte.
Este requisito se extiende a aspirantes a magistrados de circuito, de la Sala Superior o de salas regionales del TEPJF, y a magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.
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El autor critica la exigencia de un promedio mínimo de 9 en materias relacionadas con el cargo, cuestionando cómo se interpretará y si implica una especialización de los ministros.
El artículo Décimo Primero Transitorio de la reforma, publicado el 15 de septiembre de 2024, prohíbe interpretaciones análogas o extensivas del decreto, lo que el autor considera absurdo y antijurídico.
El Congreso y la autoridad electoral han violado este precepto transitorio en varias ocasiones.

❓ Conclusiones FAQ

¿Qué es lo más negativo 👎🏼 que destaca el autor sobre la reforma?

La imposición de requisitos académicos mínimos (promedio de 8 y 9) para acceder a cargos judiciales de alto nivel, considerando que banaliza la meritocracia y equipara universidades de prestigio con instituciones de baja calidad.

¿Qué aspecto positivo 👍🏼, si lo hay, se puede inferir del texto, aunque no se mencione explícitamente?

La necesidad de un análisis profundo y objetivo de la reforma del Poder Judicial, lo que implica un reconocimiento implícito de la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema judicial.