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El texto de Juan Carlos Talavera, fechado el 17 de mayo de 2025, critica la incongruencia del INAH al permitir la grabación del youtuber MrBeast en sitios arqueológicos importantes como Calakmul, Chichén Itzá y Balamcanché, a pesar de las estrictas regulaciones que supuestamente protegen el patrimonio cultural mexicano.

El INAH permite el acceso y la grabación en sitios arqueológicos a cambio de una contraprestación económica, contradiciendo su discurso de protección del patrimonio.

📝 Puntos clave

• El INAH, dirigido por Diego Prieto, inicialmente justificó el permiso otorgado a MrBeast, argumentando que la difusión de estos materiales podría generar interés en las culturas ancestrales entre audiencias jóvenes.
• Posteriormente, tras la desaprobación de Claudia Curiel, titular de Cultura, el INAH anunció una demanda administrativa contra la productora Full Circle Media, representante de MrBeast, por incumplimiento de los términos del permiso.
• La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, minimizó el incidente, sugiriendo ver el lado positivo o dirigir la demanda al gobierno estatal.
• El autor cuestiona la validez de la demanda y exige una explicación sobre por qué se emitió el permiso sin la documentación completa, incluyendo el guion y el pago correspondiente de 15,334 pesos por día.
• El autor critica la gestión de Diego Prieto al frente del INAH, señalando la falta de fondos para la investigación y sugiriendo que la dependencia prioriza la monetización del patrimonio sobre su protección.

❓ Conclusiones FAQ

👎 ¿Cuál es el aspecto más negativo que se desprende del texto?

La incongruencia y la falta de transparencia del INAH al permitir la explotación comercial del patrimonio cultural mexicano, contradiciendo su discurso de protección y conservación. La aparente priorización de la monetización sobre el cumplimiento de las regulaciones y la rendición de cuentas.

👍 ¿Cuál es el aspecto más positivo que se puede rescatar del texto?

La denuncia pública de las irregularidades cometidas por el INAH, lo que podría generar un debate público sobre la gestión del patrimonio cultural y la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades.