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La aprobación de la Ley de Aguas Nacionales se realizó en un proceso acelerado, sin pasar por comisiones en el Senado, tras una sesión de 24 horas en la Cámara de Diputados.

La decisión de la Suprema Corte es calificada como un "magnicidio constitucional" que transforma al Poder Judicial en una "trituradora de derechos".

La disminución del presupuesto para la Conagua en 2026 es un punto crítico, a pesar de las recomendaciones de inversión significativamente mayores.