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El texto de Ricardo Pascoe Pierce, fechado el 7 de abril de 2025, aborda la controversia entre el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU y el gobierno mexicano en relación con el hallazgo en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco. El artículo expone las medidas cautelares dictadas por el CED, las acusaciones sobre el manejo de la evidencia y la respuesta del gobierno mexicano, así como las acciones posteriores del gobierno federal en relación con el sitio y los familiares de las víctimas.

El gobierno federal de México es acusado de ser cómplice en el crimen de las desapariciones forzadas por su omisión y desdén hacia los familiares de las víctimas.

Resumen

• El CED de la ONU dictó medidas cautelares al Estado mexicano para proteger los restos y objetos personales encontrados en el rancho Izaguirre, así como para garantizar el acceso a la información y la protección de los familiares de las personas desaparecidas.
• El CED expresó preocupación por las amenazas e intimidaciones que enfrentan los colectivos de búsqueda que realizaron el hallazgo en el rancho Izaguirre.
• El gobierno de México rechazó categóricamente los señalamientos del Comité de las Naciones Unidas sobre la supuesta práctica de desaparición forzada por parte del Estado.
• Los colectivos de búsqueda encontraron en el rancho Izaguirre lo que parecía ser un centro de entrenamiento de sicarios, tortura y exterminio de personas.
• El gobierno federal operó una estrategia para minimizar la gravedad de los hallazgos, culpando inicialmente al gobierno de Jalisco, luego "limpiando" el lugar y finalmente presentando una iniciativa de ley sobre desapariciones que tuvo que ser retirada.
• El gobierno federal trató inicialmente con desprecio a los familiares de desaparecidos, pero luego convocó a una mesa de diálogo para consensuar una nueva iniciativa de ley.

Conclusión

• Aunque el gobierno federal niega tener una política de desapariciones forzadas, su inacción y desdén hacia los familiares de las víctimas lo hacen cómplice de este crimen.
• La gestión del caso del rancho Izaguirre evidencia una falta de compromiso del gobierno federal con la búsqueda de la verdad y la justicia para las víctimas de desaparición forzada.
• La controversia entre el CED de la ONU y el gobierno mexicano refleja la persistencia del problema de las desapariciones forzadas en México y la necesidad de una respuesta más efectiva y sensible por parte del Estado.