El texto de Miguel Ángel Velázquez, fechado el 15 de abril de 2025, aborda la problemática de la ocupación ilegal de viviendas en México, un delito que se ha agravado y que, según el autor, está parcialmente controlado por el crimen organizado. El artículo analiza las causas de este fenómeno, las dificultades para obtener datos precisos y las trabas burocráticas que enfrentan los desarrolladores inmobiliarios, proponiendo un pacto entre el gobierno, la iniciativa privada y los gobiernos estatales para solucionar el problema.

Un dato importante es que estudios de la UNAM aseguran que en 2010 existían hasta 5 millones de viviendas abandonadas en todo el país.

Resumen

  • La presidenta Sheinbaum enfrenta el reto de garantizar el derecho a la vivienda, pero la ocupación ilegal de inmuebles es un problema creciente.
  • El delito de "despojo" carece de datos claros, pero se estima que en 2022, el 20% de las viviendas en la Ciudad de México estaban invadidas.
  • La invasión de propiedades ajenas es una crisis multifactorial, agravada por la pobreza, la falta de vivienda accesible y la corrupción.
  • En la Ciudad de México, se registraron más de 3 mil hectáreas ocupadas por asentamientos ilegales, afectando áreas verdes.
  • La corrupción en los gobiernos estatales dificulta la construcción de viviendas, con trampas jurídicas y dilación en los permisos.
  • Se propone un pacto entre el gobierno, la iniciativa privada y los gobiernos estatales para agilizar la construcción de viviendas.
  • La secretaria de Gobernación advierte a los constructores que no cumplan con los acuerdos.
  • El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, amenaza con expropiar a la inmobiliaria Grupo Proyecta, generando incertidumbre en el sector.

Conclusión

  • La ocupación ilegal de viviendas es un problema complejo que requiere soluciones integrales.
  • La corrupción y la burocracia son obstáculos importantes para la construcción de viviendas.
  • Es necesario un pacto entre el gobierno, la iniciativa privada y los gobiernos estatales para garantizar el derecho a la vivienda.
  • Las acciones del gobernador de Puebla generan incertidumbre en el sector inmobiliario.
Sección: Política

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