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El texto de Jorge Camargo, fechado el 21 de Marzo de 2025, analiza la responsabilidad del Estado mexicano ante la comunidad internacional por su inacción frente a la violencia sistemática y los crímenes de lesa humanidad que se cometen en su territorio. El autor argumenta que la omisión o negligencia del Estado lo convierte en responsable, según los tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana (Corte IDH) y la Corte Penal Internacional (CPI).

La inacción gubernamental ante crímenes de lesa humanidad es una violación a los derechos fundamentales.

Resumen

• El Estado mexicano, por omisión o negligencia, es responsable ante la comunidad internacional por la violencia sistemática que afecta a su población.
• La inacción estatal ante crímenes de lesa humanidad, como narcotráfico, trata de personas y tortura, constituye una violación a los derechos fundamentales, según la Corte IDH y la CPI.
• El descubrimiento de hornos clandestinos en Jalisco evidencia la tragedia humanitaria y la insuficiente respuesta estatal ante miles de desaparecidos.
• El reciente anuncio de un programa para personas desaparecidas es considerado por ONG como un intento de mitigar el impacto político e internacional de la crisis, ya que medidas similares ya existen en la legislación.
• La desaparición de personas, definida según la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, obliga a los Estados a prevenir, investigar y sancionar estos delitos.
• La Corte IDH ha establecido que los Estados pueden ser responsables por desapariciones forzadas no sólo cuando las cometen directamente, sino cuando permiten que grupos criminales actúen impunemente.
• Casos como "Velásquez Rodríguez vs. Honduras", "La Rochela vs. Colombia" y "Pueblo Bello vs. Colombia" demuestran la responsabilidad estatal por la falta de prevención de crímenes de lesa humanidad.
• El caso "González y otras vs. México" (conocido como el caso Campo Algodonero) determinó que el Estado mexicano falló en prevenir feminicidios y que su negligencia facilitó la repetición de estos crímenes.
• La acción sistemática del obradorismo de retirar al Estado de las zonas donde gobierna el crimen deja en estado de indefensión a los mexicanos.
• El partido Morena actúa de forma similar a como lo hizo Peña Nieto en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, intentando evadir la responsabilidad.
• El desprecio y la deslegitimación sistemática de Morena hacia colectivos de madres buscadoras reflejan una perversidad.

Conclusión

• Es necesario asumir la responsabilidad como sociedad y cuestionar las decisiones políticas que han permitido que la violencia se arraigue en el país.
• El silencio y la inacción no pueden seguir avalando la violencia, independientemente del partido político al que pertenezcan los responsables.
• Evadir la responsabilidad refuerza la impunidad y debilita las instituciones, como el apoderamiento del Poder Judicial.
• El Estatuto de Roma resulta aplicable.