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El texto de Carlos Fernández-Vega, publicado el 15 de marzo de 2025, denuncia la prolongada injusticia en México en relación con las huelgas mineras de 2007 contra Grupo México, propiedad de Germán Larrea. Se critica la inacción de los tribunales y la complicidad de funcionarios gubernamentales para proteger los intereses del empresario, incluso ante solicitudes del gobierno de Estados Unidos en el marco del T-MEC.

La justicia mexicana ha tardado 18 años en resolver las huelgas mineras de 2007, favoreciendo a Grupo México y a Germán Larrea.

Resumen

• Las huelgas mineras de Cananea, Sombrerete y Taxco, iniciadas en 2007 contra Grupo México, siguen sin resolverse favorablemente para los trabajadores después de 18 años.
• Se acusa a los tribunales mexicanos de proteger los intereses de Germán Larrea y de mantener la impunidad de Grupo México.
• Durante el sexenio anterior, funcionarios de las secretarías del Trabajo y de Economía rechazaron una solicitud del gobierno de Estados Unidos para investigar la situación de los trabajadores en la mina San Martín en Sombrerete, Zacatecas, en el marco del MLRR del T-MEC.
• La solicitud de Estados Unidos, encabezada por Katherine Tai, se basaba en la violación de los derechos laborales de los trabajadores en huelga, ya que Grupo México reanudó las actividades productivas y contrató personal ajeno al sindicato.
• El Sindicato Nacional de Mineros pedirá la nulidad del panel laboral por el caso de la mina San Martín y solicitará la instalación de uno nuevo, acusando al representante del gobierno de México, Lorenzo Roel Hernández, de actuar de manera parcial.
• Nahir Velasco, coordinador jurídico del sindicato, argumenta que Lorenzo Roel Hernández influyó en la decisión de los otros panelistas y minimizó la importancia de la huelga.
• El texto también menciona la postura de Ronald Johnson, nuevo embajador de Estados Unidos en México, sobre el uso de la fuerza militar contra los cárteles de la droga.

Conclusión

• La persistente falta de justicia en el caso de las huelgas mineras refleja un problema sistémico de corrupción e impunidad en México, donde los intereses empresariales prevalecen sobre los derechos laborales.
• La inacción del gobierno mexicano ante las solicitudes internacionales y las acusaciones de parcialidad en el MLRR del T-MEC socavan la credibilidad del país en materia de derechos laborales.
• La mención de Ronald Johnson y su postura sobre el uso de la fuerza militar en México añade una nota de preocupación sobre las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos.