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El SAT es ahora el principal instrumento de presión política del régimen.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en su diagnóstico de 2024, señala que Santiaguito tiene una capacidad para 1,781 hombres y 438 mujeres, pero actualmente alberga a más de 5 mil internos, evidenciando un grave hacinamiento.
La ambigüedad en la redacción de la Ley de Extorsión podría permitir la acusación de periodistas y medios de comunicación por el simple ejercicio de su labor crítica.
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