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El texto de Ruth Zavaleta Salgado, escrito el 8 de febrero de 2025, analiza la longevidad de la Constitución mexicana de 1917, su significado como pacto social y las recientes tensiones entre el poder ejecutivo y el judicial. Se cuestiona la vigencia del pacto social original ante las numerosas reformas y, particularmente, el cambio en la conformación del Poder Judicial.

La Constitución mexicana de 1917 ha sufrido más de 842 reformas desde 1921.

Resumen

• La Constitución mexicana de 1917 cumplió 108 años el 5 de febrero de 2025. Es la séptima constitución del país, contando las anteriores desde la Constitución de Apatzingán de 1814.
• La autora argumenta que las múltiples reformas a la Constitución reflejan la constante negociación entre las fuerzas políticas a lo largo de la historia de México.
• Se destaca el cambio en la conformación del Poder Judicial impulsado por Morena y sus aliados, que ha generado controversia. México se convertirá en la única nación que elige a todos sus jueces popularmente.
• La exclusión de la Ministra Norma Piña y otros ministros de la SCJN de la conmemoración del aniversario de la Constitución por decisión de la Presidenta Claudia Sheinbaum es criticada por la autora.
• Se cuestiona la decisión de la Presidenta Sheinbaum, argumentando que representa solo un poder del Estado y que su acción genera división en un momento de tensión con Estados Unidos.
• Se enfatiza la importancia de la división de poderes como principio fundamental de un Estado de derecho y se advierte sobre la efímera naturaleza del poder.

Conclusión

• La longevidad de la Constitución de 1917 no garantiza la vigencia del pacto social original.
• Las reformas, especialmente la modificación en la conformación del Poder Judicial, plantean interrogantes sobre el futuro del equilibrio de poderes en México.
• Las acciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum reflejan una tensión entre los poderes del Estado y cuestionan la unidad nacional.
• La historia constitucional mexicana demuestra que el poder es efímero y que las acciones de los gobernantes, por más poderosas que parezcan, no pueden borrar la historia ni los principios fundamentales del Estado de derecho.