Narcoaranceles

Este texto de Roberto Zamarripa, publicado en REFORMA el 3 de febrero de 2025, analiza la compleja relación entre México y Estados Unidos en materia de combate al narcotráfico, y las presiones ejercidas por Estados Unidos sobre los gobiernos mexicanos a lo largo de las últimas décadas. Se destaca la inestabilidad en las políticas de seguridad mexicanas y la necesidad de una estrategia a largo plazo.

18 procuradores o fiscales en 7 sexenios reflejan la inestabilidad en la lucha contra el narcotráfico en México.

Resumen

• Desde hace medio siglo, Estados Unidos ha presionado a México para combatir el narcotráfico, influyendo en la estructuración de la política de seguridad mexicana.
• Se han desaparecido al menos una docena de entidades gubernamentales mexicanas dedicadas al combate al narcotráfico (ejemplos: DIPD, DFS, Policía Federal, PGR, etc.), con muchos de sus miembros bajo sospecha o en prisión.

• Publicidad
• La Certificación de Drogas (1986-2002) fue un mecanismo de presión estadounidense que condicionaba la ayuda económica a los resultados en la lucha antinarcóticos.
• El resultado de la "cooperación" posterior a la certificación ha sido, entre otros, el procesamiento de Genaro García Luna en Nueva York y la captura de El Mayo Zambada.
• La actual administración mexicana enfrenta la presión de Estados Unidos, representada por figuras como Pete Hegseth, jefe del Pentágono, que mantiene la opción de atacar cárteles mexicanos sobre la mesa.
• El gobierno mexicano debe desarrollar una estrategia a largo plazo (más allá de los cuatro años de su mandato) que combine acciones inmediatas con una visión a futuro.
• La falta de diálogo político entre el gobierno y la oposición, ejemplificada por el debate en el Congreso con acusaciones de "Narcogobierno", dificulta la construcción de una estrategia unificada.
• El punto crucial es el reconocimiento del gobierno mexicano de la complicidad de funcionarios públicos con grupos criminales, lo cual se evidencia en casos como la Operación Enjambre en el Edomex, las detenciones de Eduardo Ramírez en Chiapas, las denuncias de Javier May en Tabasco, entre otros.
• Este reconocimiento permitiría un mayor apoyo interno para desarticular las redes criminales, independientemente de la afiliación política de los involucrados (Morena, PT, PVEM, PAN, PRI).

Conclusión

• La relación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad es compleja y está marcada por la presión estadounidense.
• La inestabilidad en las políticas de seguridad mexicanas ha sido una constante.
• Es necesario que el gobierno mexicano reconozca y combata la complicidad de funcionarios públicos con el crimen organizado para lograr una estrategia efectiva y sostenible.
• La construcción de una estrategia a largo plazo, que incluya la colaboración con el sector privado y un diálogo político constructivo, es fundamental para superar la dependencia de las presiones externas.