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El siguiente texto es un resumen del artículo escrito por Gloria Muñoz Ramírez el 21 de diciembre de 2024, publicado en Desinformemonos.org, sobre los desplazamientos forzados en Chiapas y Chihuahua debido a la violencia del crimen organizado.

Resumen:

• Más de 8,000 personas han sido desplazadas de los municipios chiapanecos de Frontera Comalapa, Chicomuselo y Siltepec debido a disputas territoriales del crimen organizado.
• Cientos de familias rarámuris han sido desplazadas de las comunidades de Guadalupe y Calvo en Chihuahua por la violencia armada.
• Instituciones públicas de los tres niveles de gobierno niegan la existencia de estos desplazamientos, argumentando la falta de denuncias penales y amenazas directas. Las organizaciones Consultoría Técnica Comunitaria y el Colectivo en Prácticas Psicosociales y Acción Comunitaria denunciaron esta negación en Chihuahua.
• Las víctimas rarámuris han solicitado mayor seguridad y un corredor humanitario, sin obtener respuesta.
• Decenas de familias de la comunidad de Dolores, en su mayoría rarámuris, abandonaron sus hogares por ataques armados, mientras que alrededor de 30 familias quedaron varadas sin ayuda de las autoridades.
• Los desplazamientos forzados en la Sierra Tarahumara son continuos desde al menos 2021, afectando comunidades como Dolores, El Muertecito, Coloradas de la Virgen, San Fernando, Santa Rosa e Ignacio de Los Sotelo.
• Los últimos ataques armados en Guadalupe y Calvo comenzaron el 4 de diciembre y continúan hasta la fecha del artículo.
• Asociaciones civiles condenan la negación gubernamental de la situación y la falta de acciones urgentes tanto en Chiapas como en Chihuahua.

Conclusión:

• La violencia del crimen organizado en Chiapas y Chihuahua está provocando desplazamientos forzados a gran escala.
• La negación gubernamental de la situación impide una respuesta efectiva y agrava la crisis humanitaria.
• Se requiere una acción urgente por parte de las autoridades para proteger a las víctimas y abordar las causas raíz del desplazamiento.
• La falta de respuesta gubernamental pone en riesgo la vida y la seguridad de miles de personas.