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La reforma a la Ley de Amparo es vista como un retroceso en la protección de los derechos ciudadanos.

El anteproyecto de la LGA ya está en manos de los Diputados desde el pasado 9 de octubre.

Un dato importante es que las retenciones propuestas podrían ser mayores que las utilidades de los negocios en plataformas digitales.