Este texto analiza la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) el 12 de diciembre de 2024, sobre la desaparición forzada de Antonio González Méndez en Chiapas, México, en 1999. El texto explora el proceso legal, las implicaciones de la sentencia y su significado para futuros casos de desaparición forzada en México.
Resumen:
La Coridh, tras un proceso iniciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2022, declaró responsable al Estado mexicano de la desaparición forzada de Antonio González Méndez.
La sentencia se basa en el reconocimiento parcial de responsabilidad por parte del Estado mexicano, aunque éste intentó argumentar la ausencia de litis.
La Coridh ordenó al Estado mexicano una búsqueda efectiva de Antonio González Méndez, medidas de reparación integral para su familia (Zonia López Juárez, Ana González López, Magdalena González López, Elma Talía González López y Gerardo González López), incluyendo atención médica y sicológica.
El Estado debe investigar rigurosamente la desaparición, identificar a los responsables y pagar indemnizaciones. Se debe presentar un informe de cumplimiento en un año, con supervisión de la Coridh.
La sentencia incluye la orden de crear un registro único y actualizado de personas desaparecidas en México, para facilitar la generación de datos estadísticos y la clasificación de casos de "desapariciones forzadas".
La sentencia reconoce implícitamente a las buscadoras y sus familias como víctimas.
Conclusión:
La sentencia de la Coridh es considerada histórica por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, quienes representaron a la familia de la víctima.
Si bien representa un avance significativo en la búsqueda de justicia para la familia de Antonio González Méndez, no concluye el proceso iniciado hace casi 25 años.
La sentencia destaca la importancia del contexto de contrainsurgencia en Chiapas y el papel del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el caso.
La resolución sienta un precedente importante para futuros casos de desaparición forzada en México, especialmente en relación a la tipificación de los casos y la creación de un registro nacional.
