Este texto de Ruth Zavaleta Salgado, escrito el 14 de Diciembre de 2024, analiza el asesinato del magistrado Edmundo Román Pinzón en Acapulco, y su contexto político, incluyendo la reciente reunión de la presidenta Claudia Sheinbaum con gobernadores estatales sobre seguridad pública, así como las tensiones entre el gobierno federal y el Poder Judicial. El texto también destaca la contradicción entre la búsqueda de unidad en materia de seguridad y las acciones del gobierno que parecen socavar esa misma unidad.
Resumen:
Asesinato del magistrado Edmundo Román Pinzón en Acapulco, ex presidente del Poder Judicial de Guerrero. Se desconocen los motivos, aunque se menciona que había recibido amenazas previamente.
El asesinato ocurre un día después de una reunión de la presidenta Claudia Sheinbaum con gobernadores y responsables de seguridad pública en Acapulco, para coordinar la estrategia de seguridad.
La reunión, a pesar de ser un intento de colaboración entre diferentes niveles de gobierno, fue empañada por el asesinato del magistrado y otros eventos.
La reacción de la presidenta Sheinbaum contra la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por sus comentarios sobre las amenazas a jueces y magistrados, genera más tensión.
La modificación del presupuesto por parte de la Cámara de Diputados, recortando fondos al INE, genera dudas sobre la transparencia de las próximas elecciones y la posible imposición de juzgadores afines al gobierno.
Se menciona el asesinato del perredista Armando Chavarría en 2009 como ejemplo de crímenes sin resolver en el contexto político de Guerrero.
Se hace referencia a las advertencias de Roberto Scarpinato sobre los riesgos de la elección popular de integrantes del Poder Judicial.
Conclusión:
El asesinato del magistrado Román Pinzón pone de manifiesto la grave situación de inseguridad y la vulnerabilidad de los funcionarios judiciales en México.
Las acciones del gobierno federal, incluyendo la respuesta de la presidenta Sheinbaum y las modificaciones presupuestales, generan dudas sobre su compromiso real con la unidad y la transparencia en el sistema judicial y electoral.
La falta de información sobre los motivos del asesinato y la persistencia de crímenes sin resolver, como el de Armando Chavarría, reflejan la complejidad y la impunidad que prevalecen en el sistema político mexicano.
La situación requiere una investigación exhaustiva del asesinato del magistrado Román Pinzón y un análisis profundo de las tensiones entre los diferentes poderes del Estado para lograr una verdadera colaboración en materia de seguridad y justicia.
