Este texto analiza el discurso de la Presidenta Claudia Sheinbaum en la 50 Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada en Acapulco, Guerrero, donde enfatizó la responsabilidad ineludible de los gobernadores en materia de seguridad pública. El texto explora las implicaciones de este mensaje para los gobernadores de diferentes estados de México, así como la estrategia de seguridad del gobierno federal y las posibles consecuencias políticas de la inacción.
Resumen:
Claudia Sheinbaum, durante la 50 Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública en Acapulco, Guerrero, reprendió a los gobernadores por la falta de atención a la seguridad en sus estados.
La elección de Acapulco como sede no fue casual, dado los desafíos de seguridad en Guerrero bajo el gobierno de Evelyn Salgado.
Varios estados, incluyendo Sinaloa, Baja California, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Zacatecas y Guanajuato, enfrentan un aumento de la violencia. Incluso la Ciudad de México no es una excepción.
Sheinbaum enfatizó la necesidad de la presencia activa de los gobernadores en los gabinetes de seguridad, considerando su ausencia como una falta de compromiso y una señal negativa para las estructuras criminales.
La estrategia de seguridad del gobierno federal se basa en cuatro pilares: coordinación, atención a las causas, fortalecimiento de las instituciones y uso de inteligencia e investigación. La participación de los gobernadores es crucial para su éxito.
El mensaje de Sheinbaum fue una advertencia sobre las consecuencias políticas de la inacción en materia de seguridad.
La Presidenta ofreció apoyo del gobierno federal, pero recalcó que no sustituye la responsabilidad local.
El discurso marca un cambio de enfoque, dejando atrás la estrategia de "abrazos, no balazos" hacia una más proactiva y coordinada.
Conclusión:
El mensaje de Sheinbaum subraya la importancia de la seguridad como una responsabilidad compartida, más allá de divisiones políticas.
La inacción de los gobernadores en materia de seguridad podría tener consecuencias políticas significativas.
El llamado de la Presidenta representa un ultimátum a los gobernadores para que asuman su responsabilidad en la lucha contra la delincuencia en México.
El futuro dependerá de la respuesta de los gobernadores ante este llamado a la acción.
