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Este texto analiza la respuesta de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la reforma constitucional del Poder Judicial en México, ocurrida el 4 de Noviembre de 2024, y las estrategias que emplean para contrarrestarla. El autor describe las acciones de los ministros como un desafío a la legalidad y una maniobra para mantener el control del Poder Judicial.

Resumen:

• Ocho ministros renunciaron el 31 de octubre, asegurando que rechazan los beneficios de su renuncia anticipada, pero manteniendo el derecho a ellos. Sus renuncias serán efectivas hasta 2025, si el Senado de la República las acepta.
• Los ministros, a pesar de sus renuncias, continuarán en funciones.
• El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá presentó un proyecto para declarar inconstitucional la elección popular de jueces y magistrados, excepto para los ministros de la SCJN.
• Esta acción se considera un "martirio judicial", donde los ministros buscan invalidar parcialmente la reforma constitucional.
• Se planea una campaña mediática nacional e internacional para desacreditar la reforma y presionar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para intervenir.
• Se designaron los Comités de Evaluación para aspirantes al Poder Judicial, cumpliendo parcialmente la reforma, pero buscando simultáneamente invalidarla.
• Existe la hipótesis de que los ministros buscarán monopolizar la acción penal contra funcionarios que desobedezcan fallos judiciales, agravando la crisis institucional.
• El Poder Legislativo puede iniciar juicios políticos contra los ministros que no cumplan con la Constitución.
• La solución propuesta es el cumplimiento de la Constitución y la búsqueda de la mesura y la institucionalidad.

Conclusión:

El texto de Ricardo Peralta Saucedo describe una situación de tensión institucional en México, donde la SCJN, a través de las acciones de sus ministros, busca resistirse a una reforma constitucional. El autor presenta diferentes interpretaciones de las acciones de los ministros, y concluye que la salida a la crisis radica en el respeto a la Constitución y la búsqueda de soluciones institucionales, evitando una confrontación que podría tener consecuencias negativas para el país.