Este texto de La Jornada, del 26 de Noviembre de 2024, informa sobre la firma del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad entre el gobierno federal mexicano y los gobernadores de las 32 entidades federativas. El acuerdo busca garantizar el acceso al agua y la sostenibilidad de los recursos hídricos del país.
Resumen:
Se firmó el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y los gobernadores de las 32 entidades federativas.
El acuerdo, parte del Plan Nacional Hídrico 2024-2030, busca garantizar el derecho humano al agua, la sostenibilidad de los recursos hídricos y la seguridad alimentaria.
Alicia Bárcena, titular de Semarnat, lo calificó como un cambio de paradigma, superando la visión extractivista del periodo neoliberal.
El acuerdo incluye la devolución de concesiones de agua no utilizadas por empresas y usuarios a favor de las necesidades sociales.
Se impulsará la reforestación y el cuidado de humedales para contrarrestar el cambio climático.
El éxito del acuerdo depende de las reformas a la Ley de Aguas Nacionales y la Expedición de la Ley General de Aguas, para reemplazar la legislación de Carlos Salinas de Gortari de 1992, considerada neoliberal y favorable a intereses privados.
La ley de 1992 ha generado una concentración de concesiones de agua en pocas manos, beneficiando a un pequeño grupo de individuos y corporaciones, mientras millones de mexicanos carecen de acceso al agua.
El texto destaca la necesidad urgente de un nuevo marco legal que garantice el derecho humano al agua, ante el estrés hídrico que afecta a millones de personas y a una gran parte de los municipios del país.
Conclusión:
El artículo enfatiza la importancia del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad como un paso crucial hacia un manejo más justo y sostenible del agua en México. Sin embargo, su éxito depende de la pronta aprobación de reformas legales que superen el legado de la legislación neoliberal y aseguren el acceso al agua como un derecho humano fundamental. La urgencia de la situación, dada la creciente escasez de agua, es un llamado a la acción inmediata.