Este texto de Abel Barrera Hernández, escrito el 22 de noviembre de 2024, analiza la situación de inseguridad y violencia en el estado de Guerrero, México, destacando la colusión entre autoridades y grupos criminales, así como la ineficacia de las estrategias de seguridad implementadas. El autor presenta ejemplos concretos de la problemática para ilustrar su argumento.
Resumen:
El ex fiscal de delitos graves, Germán Reyes Reyes, acusado de ordenar el asesinato del presidente municipal de Chilpancingo, Alejandro Arcos, y vinculado al grupo delictivo Los Ardillos, fue detenido. La Sedena se deslindó de él, pero reconoció su nombramiento como fiscal durante la administración de la teniente Sandra Luz Valdovinos.
La investigación de delitos en Guerrero, bajo la administración de Evelyn Salgado Pineda, está a cargo del Ejército, con resultados desastrosos, un aumento en delitos de alto impacto y una baja judicialización de las carpetas de investigación. El colectivo Luciérnaga en Tlapa ejemplifica esta ineficacia, con 60 desaparecidos y 40 carpetas de investigación sin avances significativos desde 2016.
El grupo delictivo GNG desafió abiertamente al grupo Los Granados en Tecpan de Galeana, mostrando la impunidad y el poder de los grupos criminales, incluso con nexos denunciados con elementos del Ejército y la Guardia Nacional. La Fiscalía General de la República no da relevancia a las redes de macrocriminalidad que involucran a policías y militares.
La investigación del caso Ayotzinapa, incluyendo información proporcionada por el departamento de justicia de Estados Unidos sobre Guerreros Unidos, no es atendida adecuadamente por la fiscalía especial. La información revela nexos entre el grupo delictivo y autoridades municipales, estatales y militares.
La masacre de 11 campesinos en Chautipan, municipio de Chilpancingo, tras el anuncio de operativos militares por el comandante de la 35 zona militar, Jorge Pedro Nieto, ilustra la falta de efectividad de las estrategias de seguridad y la impunidad de los grupos criminales. Señala la colusión entre grupos criminales y autoridades en las ocho regiones y 85 municipios del estado.
Conclusión:
El texto de Abel Barrera Hernández presenta un panorama sombrío de la situación de seguridad en Guerrero, evidenciando la profunda penetración del crimen organizado en las estructuras de poder, la ineficacia de las estrategias de seguridad implementadas por el Ejército y la falta de voluntad política para combatir la impunidad. La colusión entre autoridades y grupos criminales, así como la falta de justicia para las víctimas, se presentan como los principales obstáculos para lograr la paz y la seguridad en la entidad.