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Este texto de Lourdes Mendoza, del 13 de Noviembre de 2024, reporta sobre los resultados de una auditoría de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), revelando un posible desfalco millonario en la adquisición de alimentos. El artículo detalla las responsabilidades de varios funcionarios del IMSS y las acciones legales que se emprenderán.

Resumen

• La ASF, en su auditoría número 2115 de la Cuenta Pública 2022, detectó un probable daño al erario público por 397 millones de pesos en la compra de alimentos para el IMSS.
• De esta cantidad, 158 millones de pesos carecen de documentación comprobatoria sobre su uso en las oficinas de operación administrativa desconcentrada (OOAD) y unidades médicas de alta especialidad (UMAE).
• La responsabilidad recae en Zoé Robledo, titular del IMSS, Borsalino González Andrade (administración) y otros servidores públicos.
• La ASF envió 14 pliegos de observaciones a Zoé Robledo, especificando el daño en las delegaciones de Baja California, Chihuahua, Tabasco y Yucatán.
• La ASF presentará denuncias penales ante la Fiscalía Especializada y dará vista a los órganos internos de control (OIC).
• Arturo Orci, ex titular del OIC del IMSS, es mencionado por sus supuestos vínculos familiares con Javier Guerrero García.
• Javier Guerrero García, responsable de la Dirección de Operación y Evaluación del IMSS, niega su injerencia en las adquisiciones, pero es contradicho por otros funcionarios como Borsalino González Andrade y Marco Aurelio Ramírez Corzo.
• Javier Guerrero García amenaza con demandar a varios medios de comunicación.
• Se menciona la posible preocupación de Zoé Robledo por su permanencia en el cargo y el apoyo de Luisa Alcalde.
• Se menciona la influencia de la presidenta Sheinbaum en la situación del IMSS y su posible desconfianza en Zoé Robledo.
• Se menciona a Cynthia López Castro.

Conclusión

El artículo de Lourdes Mendoza presenta una grave acusación de corrupción dentro del IMSS, con implicaciones legales y políticas significativas. La investigación de la ASF y las acciones subsecuentes prometen revelar más detalles sobre este presunto desfalco y las responsabilidades de los funcionarios involucrados. La mención de posibles conflictos de interés y amenazas legales añade una capa de complejidad a la situación.