El texto analiza la situación de violencia en México, específicamente en los estados de Sinaloa y Chiapas, y cómo la confrontación entre el poder ejecutivo y judicial, así como la Fiscalía general y locales, está exacerbando la violencia del narcotráfico.
Resumen
La pugna entre los poderes Ejecutivo y Judicial, y la Fiscalía general y locales, distrae al gobierno de Sheinbaum de la agenda de crisis y crea vacíos de autoridad que dificultan la coordinación con los gobiernos estatales.
En Sinaloa, la batalla entre la FGR y la Fiscalía local por el asesinato del exrector Héctor Cuén oscurece la posibilidad de determinar la detención de El Mayo Zambada, lo que ha desencadenado una guerra entre fracciones del Cártel de Sinaloa.
El gobernador Rocha parece desinteresado en la situación, a pesar de la escalada de violencia, y niega la existencia de una guerra en el estado.
En Chiapas, la situación es igualmente preocupante, con un gobierno ausente y un aumento de la violencia por parte de los cárteles, lo que ha llevado a la amenaza de un conflicto civil.
El asesinato del padre Marcelo Pérez, un líder espiritual de la Iglesia autóctona, es un ataque a un símbolo de paz y evidencia la captura territorial de los cárteles.
El gobernador Rutilio Escandón ignora las acusaciones de vínculos entre grupos del gobierno y los cárteles, así como la tensión por los ataques y provocaciones que han obligado al desplazamiento de 15,000 personas.
La inacción de los gobernadores de Chiapas y Sinaloa es un desafío para la estrategia de coordinación de la Presidenta, que no puede negar la existencia de una guerra en ambos estados.
El vacío institucional puede extenderse a otros actores políticos, lo que podría explicar la ola de violencia que recibió la llegada de Sheinbaum y que es la mayor prueba para el Plan de Seguridad.
Conclusión
El texto destaca la gravedad de la situación de violencia en México, especialmente en Sinaloa y Chiapas, y cómo la falta de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, la inacción de los gobernadores y la negación de la realidad por parte del gobierno federal están exacerbando la crisis. La situación es particularmente preocupante por la amenaza de un conflicto civil en Chiapas y la posibilidad de que la violencia se extienda a otros estados.
