El Estado también puede ser responsable

El texto de Juan Jose Serrano, publicado el 26 de Enero del 2026, explora la responsabilidad del Estado hacia sus ciudadanos, contrastando las antiguas monarquías dictatoriales con los principios de igualdad y derechos que surgieron con los gobiernos revolucionarios en Europa occidental. Se enfatiza la importancia de que la ley esté conforme a la justicia y cómo pensadores como John Locke sentaron las bases para una relación equitativa entre el Estado y la ciudadanía, basada en el consentimiento popular y el respeto a las leyes naturales.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido la figura de la responsabilidad patrimonial objetiva, la cual se actualiza cuando el Estado causa un daño en los bienes o derechos del particular.

📝 Puntos clave

• La ley debe ser justa para ser considerada ley.
• El Estado tiene una responsabilidad hacia la ciudadanía, no solo al revés.

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• La evolución histórica muestra un paso de la subordinación a la igualdad entre Estado y ciudadanos.
• El consentimiento popular y los derechos inviolables son límites al poder estatal.
• La responsabilidad administrativa del Estado es amplia y exigible.
• La Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce la responsabilidad patrimonial objetiva del Estado.
• La Constitución Política local de la Ciudad de México consagra la buena administración pública como un derecho ciudadano.
• La exigencia ciudadana puede extenderse a órganos jurisdiccionales y legislativos en otros países.
• Los órganos internos y externos de control son cruciales para el contrapeso en la gestión pública.
• El marco normativo mexicano, incluyendo la Constitución federal y la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, permite exigir la responsabilidad patrimonial del Estado.

🤖 Análisis con IA

Dice IA en modo pesimista:

El texto, si bien expone la existencia de mecanismos para exigir la responsabilidad del Estado, podría interpretarse como una idealización de la realidad. La mención de que la exigencia ciudadana es "mucho más amplia de lo que podríamos imaginar" puede ser vista con escepticismo, dado que en la práctica, los ciudadanos a menudo enfrentan obstáculos burocráticos y falta de acceso a la justicia para hacer valer sus derechos frente a un Estado poderoso y a menudo opaco. La efectividad real de los órganos de control y la aplicación de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado pueden ser limitadas en la práctica.

Dice IA en modo optimista:

El texto resalta de manera muy positiva la evolución histórica hacia un reconocimiento de la responsabilidad del Estado frente a sus ciudadanos, pasando de un modelo de súbditos a uno de igualdad y derechos. La existencia de la responsabilidad patrimonial objetiva, definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la consagración de la buena administración pública como un derecho ciudadano en la Ciudad de México, son pilares fundamentales que empoderan a la población. El robusto marco normativo mexicano, que incluye la Constitución federal y leyes específicas, proporciona herramientas concretas para que los ciudadanos exijan rendición de cuentas y hagan valer sus derechos, lo cual es un avance significativo.