Rank Columnas | Mail o Telegram

Este texto de La Jornada del 23 de enero de 2025 analiza la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que ordena la reactivación del comité de evaluación para la selección de jueces, ministros y magistrados, y denuncia penalmente al juez Sergio Santamaría Chamú. El texto critica fuertemente la actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y su presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, por su papel en la obstrucción del proceso electoral.

El TEPJF ordena la reactivación inmediata del comité de evaluación y denuncia penalmente al juez Sergio Santamaría Chamú.

Resumen

• La Sala Superior del TEPJF ordenó la reactivación inmediata (en 24 horas) del comité de evaluación para la selección de candidatos a jueces, ministros y magistrados para las elecciones del 1º de junio.
• Se determinó denunciar penalmente al juez Sergio Santamaría Chamú por delitos contra la administración de justicia, por paralizar el comité y amenazar a funcionarios.
• La magistrada presidenta del TEPJF, Mónica Soto, afirmó que los jueces de amparo no pueden desconocer los fallos del TEPJF.
• El magistrado Felipe de la Mata recalcó el carácter constitucional de la jurisdicción del TEPJF.
• El TEPJF considera que la SCJN, liderada por Norma Lucía Piña Hernández, permitió la obstrucción de la reforma judicial promulgada el 15 de septiembre del año pasado.
• Se critica la actuación de Santamaría Chamú y otros jueces por autootorgarse amparos y sabotear el proceso electoral.
• Se señala la inoperancia del Consejo de la Judicatura Federal, encabezado por Norma Lucía Piña Hernández, en la supervisión de los jueces y magistrados.

Conclusión

• El TEPJF restableció el orden constitucional y frenó la obstrucción del proceso electoral.
• Se espera que la resolución del TEPJF convenza a los jueces que se oponen a la reforma judicial de la futilidad de sus acciones.
• La decisión del TEPJF está respaldada por la Constitución, el propio Tribunal Electoral, los poderes Ejecutivo y Legislativo, y la voluntad popular.
• La resolución destaca la importancia del respeto a la institucionalidad y el estado de derecho en México.