Estado de derecho en México 2026

El texto escrito por Juan Carlos Machorro el 13 de Enero del 2026 describe un panorama complejo para México, marcado por reformas institucionales recientes que han generado debates sobre la independencia judicial, la división de poderes, la falta de transparencia y una recentralización de funciones. La seguridad y la gobernabilidad también son temas de creciente preocupación.

El índice de World Justice Project para 2025 ubica a México en el lugar 121 de 143 países en Estado de derecho.

📝 Puntos clave

• Retroceso en el Índice de Estado de derecho.
• Altos niveles de impunidad, violencia organizada y corrupción.

• Publicidad
• Asuntos pendientes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
• Giro hacia un control centralizado desmedido.
• Irregularidades en la elección popular de ministros, magistrados y jueces.
• Erosión de la seguridad jurídica y preocupación por la corrupción.
• Violencia ligada al crimen organizado como amenaza.
• Revisión del T-MEC en 2026 como hito crítico.
• Urgencia de prudencia fiscal y reconstrucción de confianza.

🤖 Análisis con IA

Dice IA en modo pesimista:

El texto detalla un deterioro significativo del Estado de derecho en México, evidenciado por la caída en índices internacionales, la alta impunidad, la violencia organizada y la corrupción. La recentralización de funciones, la afectación a la independencia judicial y los riesgos asociados a la reforma judicial, como la elección popular de jueces, generan una profunda preocupación por la seguridad jurídica y la capacidad del país para atraer inversiones. La persistencia de la violencia y los abusos a derechos humanos complican aún más la gobernabilidad, mientras que la revisión del T-MEC podría exacerbar las tensiones.

Dice IA en modo optimista:

A pesar de los desafíos, el texto reconoce el objetivo del gobierno de revertir el estancamiento económico y atraer inversiones. La mención de la necesidad de diálogo, sensatez y capacidad de corregir rumbo para 2026 sugiere una apertura a la mejora. El llamado a preservar instituciones democráticas y defender el Estado de derecho al inicio del nuevo año representa un punto de partida para un esfuerzo renovado hacia la consolidación de un marco legal más robusto y predecible.