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Este texto de Ciro Murayama, escrito el 15 de enero de 2025, analiza las graves consecuencias de la cancelación de la Encuesta Intercensal 2025 por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) debido a un recorte presupuestal. El autor argumenta que esta decisión tendrá un impacto negativo en la toma de decisiones políticas y sociales en México.

La cancelación de la Encuesta Intercensal 2025 impedirá conocer la distribución de la población mexicana y sus características a mitad de la década, afectando la planificación gubernamental y el cumplimiento de objetivos internacionales.

Resumen:

• La cancelación de la Encuesta Intercensal 2025 por el INEGI se debe a un recorte presupuestal de 29%, pasando de un presupuesto solicitado de 17.2 mil millones de pesos a 12.2 mil millones de pesos.
• La encuesta era crucial para conocer los cambios demográficos, sociales y económicos en México tras la pandemia de COVID-19.
• La falta de datos afectará la medición de la pobreza a nivel municipal, impidiendo la continuidad de la serie de pobreza del CONEVAL, ahora absorbida por el INEGI.
• Se impedirá el cálculo del índice de marginación por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y se dificultará el cumplimiento de los compromisos internacionales de México en materia de desarrollo sostenible.
• La falta de información precisa sobre la distribución de la población afectará la asignación de recursos públicos.
• La cancelación de la encuesta también perjudicará la calidad de otras encuestas del INEGI, al afectar el cálculo de factores de expansión de muestras.

Conclusión:

• La decisión del gobierno de recortar el presupuesto del INEGI y cancelar la Encuesta Intercensal 2025 demuestra una falta de compromiso con la evidencia científica y la toma de decisiones informadas.
• La falta de datos precisos sobre la población mexicana tendrá consecuencias negativas de largo alcance para el desarrollo del país.
• La decisión pone en evidencia la arbitrariedad y la ignorancia en la toma de decisiones gubernamentales en México.
• Se afecta la capacidad del país para monitorear y evaluar el progreso en áreas cruciales como la pobreza y el desarrollo sostenible.