La ley general contra la extorsión: ¿resuelve el problema?, escribe Barra Mexicana, Colegio de Abogados

El presente texto, escrito por la Barra Mexicana Colegio De Abogados el 2 de Diciembre del 2025, aborda la reciente entrada en vigor de la ley general contra la extorsión en México, la cual fue impulsada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal. A pesar de la relevancia de esta ley, su promulgación se vio opacada por la renuncia de Alejandro Gertz Manero como Fiscal General de la República.

La ley redefine la extorsión como un delito contra la tranquilidad, no solo contra el patrimonio, y establece penas significativamente elevadas.

📝 Puntos clave

• Nueva ley general contra la extorsión en México.
• Cambio en la conceptualización de la extorsión: de delito contra el patrimonio a delito contra la tranquilidad.

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• Penas de prisión elevadas para la extorsión, comparables o superiores a las del homicidio.
• Obligación de coordinación entre Fiscalías y policías para investigación y prevención.
• Suspensión de teléfonos celulares usados para cometer delitos.
• Otorgamiento de medidas de protección para las víctimas.
• Cuestionamiento sobre la necesidad de una nueva ley ante la ineficacia de las autoridades.

🤖 Análisis con Bots

Dice IA en modo bot pesimista:

El aspecto más negativo de la ley reside en la crítica a la ineficacia de las autoridades. Se argumenta que, a pesar de la existencia de leyes y la conciencia de los delitos, casos como los de Texcaltitlán, Minerva Pérez y Carlos Manzo demuestran la incapacidad de las Fiscalías para investigar con celeridad y de las instituciones de seguridad pública para prevenir la comisión de delitos. La ley, por sí sola, no resolverá el problema si las autoridades no cumplen diligentemente con su labor.

Dice IA en modo bot optimista:

El aspecto más positivo de la ley es la redefinición de la extorsión como un delito que atenta contra la tranquilidad de las personas, lo cual amplía el alcance de la persecución penal al no requerir necesariamente la demostración de un beneficio económico directo. Además, la ley establece penas considerablemente altas, la obligación de coordinación entre Fiscalías y policías, la suspensión de teléfonos celulares utilizados para cometer estos delitos y la provisión de medidas de protección para las víctimas, lo que representa un avance en la protección de la sociedad.